2017-05-17 | 21:05 Tras las rejas
La cárcel de Campana podrá alojar a 216 detenidos más
El gobierno nacional firmó un convenio con la provincia de Buenos Aires para la asignación de 500 millones de pesos que se destinarán a las obras de finalización de dos nuevas cárceles en Campana y Lomas de Zamora.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano y su par bonaerense, Gustavo Ferrari, suscribieron el acuerdo en la sede del Ministerio y posteriormente, fueron recibidos por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. También estuvo presente el secretario de Justicia, Santiago Otamendi.

La iniciativa se enmarca en Justicia 2020, el programa de alcance federal impulsado por la cartera nacional para promover y acompañar los procesos de fortalecimiento de las justicias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que implica mejoras en las condiciones de alojamiento de las personas privadas de su libertad y en su readaptación.

Garavano explicó que “la situación carcelaria de la provincia es muy delicada y este convenio permite avanzar en la firma de acuerdos con todas las provincias de nuestro país. Por eso estamos trabajando en varios proyectos que tienen que ver tanto con la construcción de cárceles como con la reinserción de los detenidos en la sociedad”.

En tanto, Ferrari destacó que las obras, que habían comenzado con la inversión de 253 millones de pesos aportados por el Estado provincial, son “fundamentales” porque no sólo mejorarán la condición de alojamiento de más de 500 detenidos, sino que “facilitarán su acceso a programas de reeducación y reinserción social”.

Con los fondos aportados por el Ministerio se construirán 216 plazas en la Cárcel de Campana y 324 en la de Lomas de Zamora, con el objetivo de garantizar el estricto respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y la promoción de su resocialización. La disposición de los recursos económicos acordada por ambos Ministerios permitirá lograr mejoras sustanciales en la readaptación de los condenados y el adecuado tratamiento de los procesados, así como la efectiva coordinación de la asistencia post-penitenciaria.

La población carcelaria de Buenos Aires – que en 2016 declaró la emergencia en materia de Seguridad Pública y de Política y Salud Penitenciaria- se incrementó a partir de la adhesión a la Ley 26.052, de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, que introdujo el cambio de jurisdicción en los delitos de "narcomenudeo".

"La existencia de personas privadas de su libertad a disposición de la justicia provincial en establecimientos penitenciarios federales, así como el alojamiento de internos federales en el SPB, sumado al impacto en la población penitenciaria provincial de la mencionada ley resultan elementos insoslayables que sustentan la necesidad de colaboración entre ambas jurisdicciones" resaltá el convenio marco.

Actualmente el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tiene 3.091 detenidos por este tipo de delitos mientras que desde 2006 ha tenido 12.071.

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